Fuente de la gràfica: Internet - "opinan los peatones" (bajada por SEGVIAL BOYACÀ)
SERGIO DE JESÙS OJEDA
GÒMEZ
Abogado
Director del Centro Integral
de Atención C.I.A. del Instituto de Tránsito de Boyacá- ITBOY
Tunja, 29 de enero de 2013.
En el orden Constitucional se
consignaron como fines esenciales del Estado servir a la comunidad y promover
la prosperidad general; prosperidad que se trunca desde el gobierno por falta
de una política pública de seguridad
vial con suficiente músculo financiero para
afrontar y mitigar el impacto negativo y creciente de la siniestralidad vial en
la comunidad; y, por otra parte, la responsabilidad de la accidentalidad vial recae en la sociedad civil cuando
los actores de tránsito (conductores, pasajeros y peatones) no cumplimos las
normas de comportamiento y las normas de tránsito, lo que termina por producir
una serie de efectos o impactos negativos en especial sobre la salud pública, con
repercusiones directas e indirectas sobre el desarrollo del país.
Cada accidente de tránsito es un
problema más que impide el desarrollo o prosperidad de nuestra comunidad. La repercusión va más
allá del ámbito puramente personal de quienes se involucraron en un accidente; con
frecuencia afecta a empresas u organizaciones privadas, pero también repercute
en el desempeño del Estado en cada período de gobierno: Los muertos, heridos y
los daños materiales sobre vehículos e infraestructura representan una pérdida
equivalente al 2.5 % del producto interno bruto.
Por fortuna no es necesario
hablar en contra de un gobierno en especial, ni de algunos Ministerios,
gobernaciones y municipios, pues se tuvo
la suficiente madurez para reconocer que por ejemplo el rezago en
infraestructura vial en estos mismos órdenes es de unos cincuenta (50) años, y
aunque alguien quiera tratar de tapar esta verdad, la respuesta atenta contra la inteligencia, pues basta mirar
la precaria movilidad en casi todo el país, y se debe recordar que por la asignación desmedida de cupos para el servicio
urbano colectivo e individual y la carencia de vías se implementa en los
municipios el PICO Y PLACA y el cierre de vías, y, en el orden nacional, la
prohibición de la circulación de vehículos de carga en días festivos y feriados. Estas restricciones terminan vulnerando
derechos de orden constitucional como el prescrito en el artículo 24 “todo colombiano, con las limitaciones que
establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio
nacional,…”
Esas medidas de choque deberían
ser investigadas y sancionadas por las autoridades de control por vulneración
del orden constitucional y legal ya que
el Código Nacional de Tránsito Terrestre trae como principios
rectores la seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la
oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y
descentralización.
Seria de buen recibo que los
candidatos a ejercer cargos de elección popular incluyan en su programa de
gobierno compromisos viables para la construcción, adecuación y mantenimiento
de vías, lo mismo que acciones de fondo para implementar o mejorar el
transporte masivo de pasajeros, de tal forma que se alivie la demanda sobre el
uso de la vía por parte de las motocicletas y de los vehículos de servicio particular.
Con cierre de vías, pico y placa,
cambio del sentido vial y demás medidas de choque solo se logra desmejorar la
calidad de vida de todos los ciudadanos; lo que se necesita son soluciones o
cambios de fondo, los pañitos de agua tibia como el pico y placa dejaron malas
experiencias, como obligar a los ciudadanos a adquirir un nuevo vehículo para atender
las necesidades de la familia o empresa que no se podían sortear de otra forma. La pretendida
solución gubernamental terminó por generar un problema más, pues en últimas se incrementó
la demanda sobre el uso de la vía por la compra adicional de vehículos, dejando
mayores efectos indeseables a nuestros compatriotas.
Sin esfuerzo se conoce que las medidas
restrictivas en el orden nacional y municipal
dadas por el rezago vial atentan contra la salud física y mental de los
colombianos, al igual que contra el orden económico de la familia y de las
empresas, lo que estamos denominando trabas
a la prosperidad o desarrollo.
Debemos reconocer que el problema
de salud pública y el daño al desarrollo
del país, no son responsabilidades exclusivas del Estado, pues
si bien es cierto que èste ha sido débil, durante muchos años, en materia de inversión en infraestructura vial,
no es menos cierto que la mayor parte de accidentes de tránsito que atentan
contra el desarrollo social son ocasionados por la acción incorrecta de los
actores de tránsito
Hemos de entender, con responsabilidad
y cariño, que el Estado lo conformamos todos los Colombianos; por ende, el ajuste riguroso a los
principios que deben orientar la condcuta de todos no es
responsabilidad exclusiva de las autoridades. Hipotéticamente, pudiéramos
contar con la mejor infraestructura vial, lo que solo garantizaría mínimas
restricciones para el tráfico de vehículos y peatones, pero eso no garantizaría
la seguridad vial, pues como reiteradamente expresamos, el mayor porcentaje de
accidentes son del resorte del conductor, peatón o pasajero.
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