Jorge Agustín Reyes Pulido
Aunque parezca paradójico, Tunja
tiene una de las facultades de ingeniería más reconocidas en el país: la
Facultad de Vías y Transportes de la UPTC. Sin embargo, nuestro departamento ha
asistido impávido a la construcción de una doble calzada – una parelela vial,
la llaman algunos – con un diseño geométrico de hace sesenta años, y al
deterioro – destrucción - de sus vías, tanto principales como secundarias.
Las dos situaciones han sido
criticadas por nuestra Facultad, sin que hasta el momento su voz haya tenido
eco ni en nuestra clase dirigente, ni en la opinión pública. Algo que llama
particularmente la atención, en este estado de cosas, es el papel que juegan
los Interventores[1], quienes
se pronuncian a posteriori, cuando sobreviene una tragedia como la que generó
el desplome del Puente de Chirajara y, que costó la vida a nueve
trabajadores.
La inauguración del Terminal de
Transporte de Tunja, por circunstancias desconocidas, se posterga y se posterga,
y visitándolo, impacta la infraestructura que la rodea. Las glorietas o rond
points, que tienen algo de surrealista en su concepción, son glorieticas muy
simpáticas.[2]
Son tan pequeñas, como estrechas las vías que permiten su acceso. Si dos buses
doble troque de dos pisos de compañías como Libertadores o Copetrán se
encontraran en una de estas glorietas,
la movilidad colapsaría. Además, como son tan pequeñas, fue necesario hacer
vías de entrada y salida para seguir hacia Bogotá, hacia el centro de Tunja o hacia Sogamoso que,
por su diseño, impiden ver si algún vehículo se aproxima por la carretera que
viene de Chivatá, por citar un solo ejemplo, generando un gran riesgo para los
conductores que no conocen este intrincado tejido vial.
Ya hemos tenido la oportunidad de
ver accidentes, que, por fortuna, solo han dejado daños materiales y hemos
esperado pacientemente, como acostumbramos los boyacenses desde hace doscientos
años, a que las autoridades departamentales o municipales intervengan con el
fin de lograr de la concesión BTS o de quien corresponda, la construcción de
verdaderas glorietas, como la que existe en la casa del Gobernador o la
Glorieta Norte, construida en los años 50s.
Si priman los intereses
estrictamente pecuniarios, la calidad de estas obras puede no ser la mejor y el
país es el único perjudicado. Gasto excesivo de combustibles, llantas y
deterioro del parque automotor vienen a sumarse a este pesimista balance de
ciertos sectores de la ingeniería colombiana. Nadie explica porqué cada cierto
tiempo vemos cuadrillas de obreros en la tediosa labor de reparcheo de una
calzada que escasamente cumple seis meses de servicio y cuyo pavimento, hasta
el momento, nadie ha certificado ante la opinión pública (espesor, tipo de
pavimento, pues unos son más abrasivos que otros, la resistencia por eje, etc.).
A cualquier ciudadano colombiano
le asiste el derecho constitucional de interponer una acción popular para
lograr, por vía jurídica, que Interventores, Concesiones y Consorcios asuman
compromisos éticos que garanticen la calidad de las obras que licitan y,
sobretodo, la vida de los usuarios. USTEDES
TIENEN LA PALABRA.
[1] El
problema semántico es que no existe una definición de tal palabra en el
Diccionario de la Real Academia. Sin embargo, aceptemos, en gracia de
discusión, que “Es la persona natural o jurídica (….), encargada de vigilar la
ejecución de un contrato y de hacer cumplir las obligaciones que de este se
deriven”.
[2]
Estas glorietas las puso de moda la Concesión BTS y ya las copió la
administración municipal en Zalema.
