La temporada invernal de los últimos tres meses de 2010 en Colombia fue intensa e inclemente; nadie escapó de ella directa o indirectamente. El poder desequilibrante del crecimiento poblacional con sus demandas crecientes de bienes y servicios, sumadas a insaciables e incontrolables expectativas de lucro de algunos, ha empezado a presentar los obvios, irreversibles y crecientes desequilibrios propinados a la naturaleza. Las estadísticas señalan que las intensidades pluviométricas superaron, en general, los máximos presentados; los cuales, modificaron de manera atípica las tendencias basadas en datos históricos oficialmente registrados. Los excesos de lluvias saturaron de agua el suelo y el subsuelo, en gran parte del territorio colombiano, y han provocado el desencadenamiento, en la tierra, de frecuentes y bruscos movimientos en masa. La cantidad de agua que ha recibido la tierra ha producido sobrepesos que, a su vez, generan desplazamiento de masas, asentamientos, derrumbes y deslizamiento de mayores proporciones y frecuencias. El sistema fluvial ha sido sobrecargado de manera inusitada. Las cuencas y microcuencas aumentaron intempestiva y desastrosamente sus caudales y velocidades, y desbordaron en alto grado su capacidad de evacuación. Además, los caudales mayores y las grandes velocidades de las crecientes desprendieron masas de las riberas y lechos de los ríos y aumentaron los tamaños de arrastre de materiales desprendidos a cuyo paso producían una verdadera cadena incremental de destrucciones físicas de todo orden. Los desastres sociales provocados han sido innumerables y los daños físicos (inundaciones, viviendas, carreteras infraestructura económica y de servicios públicos, cultivos, etc.) que han podido ser estimados, superan la docena de billones de pesos. El país no estaba preparado (tal vez no podía estarlo) para el tamaño y gravedad de esos fenómenos de la naturaleza - anunciados débil y teóricamente por algunos académicos y ambientalistas, tildados de “bulliciosos” por varios burócratas. La realidad es que esos fenómenos alteraron, de manera sustancial y negativa, las condiciones de vida de gran parte de la población colombiana, con especial impacto negativo en zonas habitadas por franjas de población muy vulnerables. Ante tal magnitud de los problemas generados, sólo cabe convocar , de manera reiterada, la solidaridad nacional que debe manifestarse, oficial y sistemáticamente, en un plan muy serio y transparente de mitigación para el corto plazo que comprometa, sin esguinces, todos los presupuestos de la nación, institutos descentralizados, y entes territoriales, obedeciendo forzosamente a prioridades que son incuestionables pues se trata de restablecer las condiciones mínimas de dignidad de vida de todos los afectados. Una política pública, de esa envergadura, no es fácil de ser promulgada ni ejecutada no sólo por su complejidad sino por sus implicaciones de carácter partidista, en especial, ad portas de las elecciones de gobernadores y alcaldes, consideradas como básicas y determinantes de las múltiples estrategias electorales en la lucha por el poder sobre los presupuestos públicos y la burocracia, en especial. El país nacional está pendiente de soluciones viables e inmediatas a problemas sociales y económicos prioritarios, derivados de la emergencia económica y social que vive hoy mucha gente (más de dos millones de personas) en Colombia. El gobierno declaró el estado de emergencia, ciñéndose a la Constitución Nacional; ahora el país entero, bajo el más serio y transparente liderazgo institucional, ha de emprender las acciones que la razón y la equidad señalan como PRIORITARIAS. Todos debemos hacer los sacrificios requeridos y cuanto esté nuestro alcance para que las soluciones que buscan la dignidad social puedan hacerse realidad con calidad y cuanto antes.
Hugo Arias Castellanos
Ingeniero en Transportes y Vías
ariascastellanoshugo@gmail.com
El conjunto de las ONGs presentes en Cancún durante la celebración de la Convención del Clima de Naciones Unidas, COP 16, han saludado los resultados de esta cumbre como un importante paso adelante en la lucha internacional contra el cambio climático. Y su valoración coincide con la de los organizadores del evento y la del conjunto de las delegaciones de los más de 190 países participantes. La única delegación que se ha opuesto al acuerdo, la de Bolivia, lo ha hecho para reclamar medidas más efectivas.
