Sergio Ojeda Gómez
Abogado y técnico graduado en Seguridad Vial
Director del CIA del ITBOY
(13/01/17)
Se comparte que se
regule o prohíba el tráfico vehicular en el centro de los municipios que lo
requieran, como medida para garantizar una movilidad sustentable y segura;
y para ofrecer comodidad a sus
habitantes, en especial para propiciar un ambiente sano y para la preservación
del espacio público para el buen uso de todos los habitantes.
La resistencia que
pueda generar en principio en algunos ciudadanos, gremios y comerciantes la
medida, nace de la preocupación por un posible desequilibrio económico y social
generado en la improvisación o carencia
de medidas alternas.
Se requiere entre
otras medidas transporte público de pasajeros en el área de influencia, que las
vías y plazas públicas no sea el albergue permanente de habitantes de calle,
que el espacio público este bien iluminado y con el servicio de recolección de
basura eficiente; que se facilite un espacio y horario para el cargue y
descargue de mercancías pues la vida en el centro de la ciudad debe seguir
operando con la mayor comodidad y seguridad para todos, priorizando los desplazamientos
a pié.
Se debe controlar
las ventas ambulantes, pues a la postre el espacio termina invadido y el peatón
queda nuevamente desamparado, saturado de contaminación ambiental, auditiva y
con altos niveles de inseguridad.
Que se provea de
parqueaderos cerca del área regulada, que se suministre transporte publico
exclusivamente para personas con limitación de movilidad (anden, bandas
trasportadoras), que la vida cultural cuente con estímulos, que se modifique el
POT, para no seguir autorizando en el centro de las ciudades algunas
actividades incompatibles o de difícil convivencia con la restricción
vehicular. Por más cambios tecnológicos en los vehículos, en las vías y en
sus sistemas de regulación, el transporte terrestre que es "orgullo"
de muchos empresarios, autoridades e inversionistas, entró en crisis. Hoy se
piensa en una solución regulando o suspendiendo el ingreso vehicular al centro
de las ciudades. Pero en verdad la crisis es general; por eso, se ha
implementado el pico y placa. El Estado tiene el deber de diseñar e implementar
una política pública complementaria en el tema de transporte terrestre de carga
y pasajeros que reduzca los altos índices de contaminación, y mejore la
movilidad y la comodidad en la red vial nacional y de los municipios,
integrando y coordinando, de manera pertinente y debida, el transporte férreo,
fluvial, por cable, metro con el fin de apalancar una solución estructural o
por lo menos para mitigar la difícil y compleja situación actual.
Las medidas de
choque deben ser generosas; entre otras, la jornada y horario de trabajo de
servidores públicos y empleados se debe ajustar a las necesidades sociales, que
el teletrabajo se fomente y se efectúe con riguridad y eficiencia crecientes, y no se quede un una anuncio simbólico o
publicitario; que por más que asignemos espacios a manifestaciones populares de
algunos valores y tradiciones culturales, deportivas, religiosas y comerciales
las vías no pueden ser “prestadas” caprichosamente para eventos diferentes a la
movilidad general de los ciudadanos. Al respecto, los artículos 79 y 82 de la
Constitución Política de Colombia - CPC- establecen que “Todas
las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano…” y que “Es
deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y
por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”.
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