TRABAS A LA PROSPERIDAD

Fuente de la gràfica: Internet - "opinan los peatones" (bajada por SEGVIAL BOYACÀ)

SERGIO DE JESÙS OJEDA GÒMEZ

 Abogado

Director del Centro Integral de Atención C.I.A.  del Instituto de Tránsito de Boyacá- ITBOY

Tunja, 29 de enero de 2013.

En el orden Constitucional se consignaron como fines esenciales del Estado servir a la comunidad y promover la prosperidad general; prosperidad que se trunca desde el gobierno por falta de una política pública de seguridad vial con suficiente músculo financiero para afrontar y mitigar el impacto negativo y creciente de la siniestralidad vial en la comunidad; y, por otra parte, la responsabilidad de la accidentalidad vial recae en la sociedad civil cuando los actores de tránsito (conductores, pasajeros y peatones) no cumplimos las normas de comportamiento y las normas de tránsito, lo que termina por producir una serie de efectos o impactos negativos en especial sobre la salud pública, con repercusiones directas e indirectas sobre el desarrollo del país.

Cada accidente de tránsito es un problema más que impide el desarrollo o prosperidad  de nuestra comunidad. La repercusión va más allá del ámbito puramente personal de quienes se involucraron en un accidente; con frecuencia afecta a empresas u organizaciones privadas, pero también repercute en el desempeño del Estado en cada período de gobierno: Los muertos, heridos y los daños materiales sobre vehículos e infraestructura representan una pérdida equivalente al 2.5 % del producto interno bruto. 

Por fortuna no es necesario hablar en contra de un gobierno en especial, ni de algunos Ministerios, gobernaciones y municipios,  pues se tuvo la suficiente madurez para reconocer que por ejemplo el rezago en infraestructura vial en estos mismos órdenes es de unos cincuenta (50) años, y aunque alguien quiera tratar de tapar esta verdad, la respuesta  atenta contra la inteligencia, pues basta mirar la precaria movilidad en casi todo el país, y se debe recordar que por la  asignación desmedida de cupos para el servicio urbano colectivo e individual y la carencia de vías se implementa en los municipios el PICO Y PLACA y el cierre de vías, y, en el orden nacional, la prohibición de la circulación de vehículos de carga en días festivos y feriados. Estas restricciones terminan vulnerando derechos de orden constitucional como el prescrito en el artículo 24 “todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional,…”               

Esas medidas de choque deberían ser investigadas y sancionadas por las autoridades de control por vulneración del orden constitucional y legal  ya que el Código Nacional de Tránsito Terrestre trae como principios rectores la seguridad de los usuarios, la movilidad, la calidad, la oportunidad, el cubrimiento, la libertad de acceso, la plena identificación, libre circulación, educación y descentralización.

Seria de buen recibo que los candidatos a ejercer cargos de elección popular incluyan en su programa de gobierno compromisos viables para la construcción, adecuación y mantenimiento de vías, lo mismo que acciones de fondo para implementar o mejorar el transporte masivo de pasajeros, de tal forma que se alivie la demanda sobre el uso de la vía por parte de las motocicletas y  de los vehículos de servicio particular.

Con cierre de vías, pico y placa, cambio del sentido vial y demás medidas de choque solo se logra desmejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos; lo que se necesita son soluciones o cambios de fondo, los pañitos de agua tibia como el pico y placa dejaron malas experiencias, como obligar a los ciudadanos a adquirir un nuevo vehículo para atender las necesidades de la familia o empresa  que no se podían sortear de otra forma. La pretendida solución gubernamental terminó por generar un problema más, pues en últimas se incrementó la demanda sobre el uso de la vía por la compra adicional de vehículos, dejando mayores efectos indeseables a nuestros compatriotas.

Sin esfuerzo se conoce que las medidas restrictivas en el orden nacional y municipal  dadas por el rezago vial atentan contra la salud física y mental de los colombianos, al igual que contra el orden económico de la familia y de las empresas, lo que estamos denominando trabas a la prosperidad o desarrollo.

Debemos reconocer que el problema de salud pública y  el daño al desarrollo del país, no son  responsabilidades exclusivas del Estado, pues si bien es cierto que èste ha sido débil, durante muchos años, en  materia de inversión en infraestructura vial, no es menos cierto que la mayor parte de accidentes de tránsito que atentan contra el desarrollo social son ocasionados por la acción incorrecta de los actores de tránsito

Hemos de entender, con responsabilidad y cariño, que el Estado lo conformamos todos los Colombianos; por ende, el ajuste riguroso a los principios que deben orientar la condcuta de todos no es responsabilidad exclusiva de las autoridades. Hipotéticamente, pudiéramos contar con la mejor infraestructura vial, lo que solo garantizaría mínimas restricciones para el tráfico de vehículos y peatones, pero eso no garantizaría la seguridad vial, pues como reiteradamente expresamos, el mayor porcentaje de accidentes son del resorte del conductor, peatón o pasajero. 

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